En el informe “La legitimación democrática de ETA: causas, responsables y consecuencias” del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo CEFAS analizamos las causas, los responsables y las consecuencias del blanqueamiento de ETA y su proyecto político basado en la violencia, la extorsión y la ruptura de la unidad de España.
- Tras el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, el 10 de julio de 1997 se desata una ola de indignación popular contra ETA que desemboca en el denominado “espíritu de Ermua”. Ante esta situación, el PNV ve peligrar su hegemonía y elige pactar con Herri Batasuna y el resto del mundo nacionalista en favor de la ruptura, con el fin de asegurar su supervivencia mediante la firma del “Pacto de Estella” (septiembre de 1998). Esta comunión separatista ha continuado legitimando a ETA en el tiempo, desde el pacto de Gobierno entre el PNV y HB de mayo de 1999 hasta la manifestación convocada conjuntamente por ambas formaciones el 4 de noviembre de 2003 contra el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco, por anular varios artículos de un decreto del Gobierno Vasco que priorizaba la exigencia y el uso del euskera, en detrimento del castellano, en las administraciones públicas vascas.
- En este sentido, conviene mencionar que la política antiterrorista impulsada por el Ejecutivo de Aznar fue clave para devolver a los españoles la confianza en la derrota de ETA sin pagar un precio político por ello: el “pacto por las libertades y contra el terrorismo” entre PP y PSOE (2000), una nueva ley de partidos (2002) que ilegalizó a las diferentes denominaciones del brazo político de ETA, el apoyo firme al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la movilización social, y una constante y decidida labor desde el estamento judicial.
- El discurso maniqueo que defiende la falta de garantías democráticas para justificar el uso de la violencia fue clave en el proceso de negociación de ETA con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El modelo del final del terrorismo de este proceso contribuyó también a la deslegitimación de la democracia, al aceptar como interlocutores válidos a quienes justificaban el terrorismo. El PSOE no dejó solo al PNV en la legitimación del brazo político de ETA, quebrando primero la unidad de los partidos constitucionalistas y después traicionando el pacto con el PP, anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses del Estado. Fue Zapatero quien devolvió a ETA a las instituciones, un precio político imprescindible para erigirse en el protagonista principal del final de la violencia y garantizar así su permanencia en el Ejecutivo.
- El “cese definitivo” de la actividad terrorista de ETA en 2011 puso de manifiesto las enormes diferencias existentes entre dos modelos antagónicos de lucha contra el terrorismo, uno basado en la negociación política con los terroristas -gobiernos de Rodríguez Zapatero-, y otro que confió en la aplicación del Estado de derecho para combatir al terror -gobiernos de José María Aznar-.
- Durante el gobierno de Mariano Rajoy, el Partido Popular renunció a articular una estrategia contra EH Bildu, la cual no iba más allá de manifestar su indignación a la hora de oponerse al proyecto político ilegitimo de los terroristas. Como destacó Mikel Azurmendi, el PP “no tuvo arrestos morales ni políticos para taponar esta vergonzosa relajación democrática cuando tuvo la mayoría absoluta”.
- La anómala llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España consolidó y amplió la estrategia iniciada por Rodríguez Zapatero de legitimar políticamente a los herederos de ETA. Es más, no solo han pactado leyes y presupuestos a nivel nacional, sino que ahora, tras la investidura de noviembre de 2023, son socios imprescindibles del PSOE para gobernar el país.
- En la actualidad, PNV y EH Bildu se disputan la hegemonía política del País Vasco, tras condonarse al nacionalismo la deuda contraída por legitimar a ETA. Eximidos los criminales de la premisa básica que debió ser su inhabilitación permanente para la vida política y maquillada su sangrienta trayectoria, resulta lógico su fortalecimiento electoral.
- El problema no radica solo en la presencia de exterroristas en las listas de EH Bildu, sino en la de un partido que justifica sus crímenes, creando y trasmitiendo así una memoria que garantiza la impunidad del terrorismo nacionalista a una sociedad que asiste apática al triunfo de este engaño.
- Si primero fue la batalla del silencio y después la del lenguaje, ahora toca afrontar la batalla del relato, la cual debiéramos denominarla mejor como la batalla por la Verdad. Salvo contadas y honrosas excepciones, los medios de comunicación españoles han ofrecido una visión sesgada del fenómeno terrorista que, a la postre, ha resultado definitiva para imponer un relato interesado que ha normalizado la presencia del proyecto político de ETA en la sociedad. La corriente buenista imperante ha terminado por considerar que la participación del brazo político de los terroristas en nuestras instituciones es un triunfo de la democracia, cuando precisamente significa todo lo contrario: permitir su regreso a quienes consideran válido el recurso de la violencia para conseguir objetivos políticos, solo contribuye a una mayor degradación institucional y a rebajar la calidad de nuestra democracia.
- En definitiva, se ha terminado imponiendo un relato falsario que favorece el blanqueamiento del brazo político de ETA y nos aleja de la verdad que merecemos los españoles, tras cincuenta años de terrorismo nacionalista. El PSOE ha terminado asumiendo las necesidades del nacionalismo para evitar que los fines que compartieron con ETA, aunque en muchas ocasiones discreparan de sus medios, contaminen su futuro. Tan acertada ha sido la impostura que, como recordábamos al principio, la ETA política supera ya en votos al nacionalismo tradicional, haciendo peligrar su hegemonía. Desgraciadamente, ha terminado por confirmarse la tesis que vaticinó Joseba Arregui en 2019: “No solo es preciso hacer política como si ETA no existiera, sino como si ETA no hubiera existido”.