La situación migratoria en España, caracterizada por un aumento exponencial de la población inmigrante desde la década de 1990, revela una transformación demográfica profunda con implicaciones críticas. La población extranjera, que ha pasado de 1,07 millones en 1996 a 9,19 millones en 2024, sumada a dos millones de descendientes nacidos en España, representa el 23% del total nacional. Este fenómeno, impulsado principalmente por inmigrantes iberoamericanos y africanos, ha modificado la estructura etaria, con un peso significativo en la población activa y joven, pero plantea desafíos estructurales. Las elevadas tasas de desempleo, especialmente entre africanos (hasta 60% en 2013), la concentración en empleos poco cualificados y una contribución fiscal per cápita limitada cuestionan la narrativa de la inmigración como solución al invierno demográfico y al sostenimiento del sistema de pensiones. Además, tasas de criminalidad grave superiores entre ciertos grupos, junto con dificultades de integración educativa y cultural –evidenciadas por un 31% de nacimientos de madres extranjeras y un 10% de origen musulmán en 2023–, generan tensiones sociales y económicas. En las grandes ciudades, la sustitución de población autóctona por inmigrante es notable, desmintiendo la idea de que la inmigración repuebla la «España vacía». En conclusión, confiar en la inmigración como respuesta a la baja natalidad resulta insuficiente y arriesgado, al eludir la necesidad de políticas que promuevan la natalidad y fortalezcan la cohesión social, mientras se ignoran los costos fiscales, laborales y culturales de una inmigración masiva y poco selectiva.