
El giro hacia la derecha en Iberoamérica se hace cada vez más evidente, generando un respiro y esperanza hacia una nueva etapa de estabilidad y recuperación institucional. Es cierto, que la derecha sigue dividida, pero parte ya ha cogido mucho vuelo. Después de estas últimas elecciones en Colombia se ha demostrado que hay mucha gente cansada del gobierno de Petro y de las políticas de izquierda porque sienten que estos años han sido más de discursos que de resultados. Por eso, muchos han visto en Abelardo de la Espriella una alternativa distinta, un “outsider” que nadie tenía en el radar y que terminó conectando con mucha gente. Además, tiene como vicepresidente a José Manuel Restrepo, que para muchos es una garantía de seriedad, un profesional muy técnico, que entiende de cifras, de economía, es académico y además tiene una calidad humana enorme.
Abelardo pide una derecha pura, insiste mucho en el respeto por las instituciones y en que el país necesita volver a crecer sin quedarse atrapado en peleas ideológicas. Es verdad, que los ataques son brutales y estas elecciones han sido las más violentas después del 2002, pero Abelardo ha mantenido un discurso muy firme y sigue moviendo masas. El gobierno de Gustavo Petro ha frenado sectores clave como la minería, la exploración de petróleo y gas, también ha eliminado subsidios de vivienda que ha terminado afectando a la inversión y al empleo. Petro ha dejado una deuda que se ha incrementado significativamente, una situación fiscal preocupante que no ha logrado sacar adelante grandes transformaciones ni darle un impulso a la economía, lo que ha hecho que el próximo presidente, en este caso De la Espriella, tenga un reducido margen de obra para atender a las necesidades de seguridad, inversión y crecimiento económico con una deuda a los sustratos más pobres de energía y empresas de salud, entre otros. Abelardo no solo enfrentará el desafío de recuperar el control territorial y la autoridad del Estado, sino también el de restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, renegociar la deuda y recuperar la confianza de los ciudadanos.
Existe una preocupación muy fuerte por el tema de la seguridad. El gobierno de Petro fue excesivamente permisivo con los grupos armados, lo que se tradujo en más violencia y en una pérdida de autoridad del Estado en varias regiones. Uno de los problemas más importantes por los cuáles los colombianos eligieron una transformación fue precisamente por esto, los colombianos han votado por la seguridad. En Colombia la violencia está disparada, una de las razones es el narcotráfico, hoy en día hay 330.000 hectáreas de coca sembrada. Este fenómeno se ha incrementado de manera exponencial durante el gobierno de Petro, lo que ha permitido el fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Según esta perspectiva, el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en debilitar las capacidades del ejército y de la fuerza pública, creando un escenario oportuno para que las guerrillas se consoliden. Estos grupos cuentan hoy con mayores fuentes de financiación provenientes del narcotráfico y, además, enfrentan una menor presión por parte del Estado. En consecuencia, a esta situación, se ha debilitado la capacidad institucional representada por las fuerzas militares, la policía y los funcionarios encargados de garantizar la seguridad y la defensa del orden constitucional.
La realidad es que Abelardo también va a tener que enfrentarse a la tarea de reconstruir las fuerzas militares y la policía, instituciones que han sufrido recortes presupuestales y una pérdida de moral y dignidad institucional debido a las políticas que han beneficiado a los grupos guerrilleros. Además, existe un problema de liderazgo dentro de las fuerzas armadas. Durante el gobierno de Petro, se produjo la salida de numerosos oficiales con experiencia y se impulsaron cambios que muchos consideran de carácter ideológico, debilitando la capacidad operativa y la estructura de mando.
Desde mi punto de vista, creo que será necesario emprender una profunda reestructuración institucional, recuperar el liderazgo con oficiales y generales de amplia experiencia en la lucha contra las organizaciones armadas ilegales y fortalecer nuevamente la carrera militar. También será fundamental adoptar medidas que permitan elevar la moral de la tropa y frenar la salida de personal, ya que hoy en día muchos miembros de las fuerzas armadas han optado por retirarse ante el deterioro del ambiente institucional.
A esto se suma el fortalecimiento de las estructuras criminales que operan tanto en las zonas rurales como en las ciudades, entre ellas el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Muchos de estos grupos han llegado a formar verdaderos paraestados, imponiendo sus propias reglas, sistemas de seguridad y mecanismos de control territorial. Estas organizaciones realizan patrullajes, ejercen funciones y financian sus actividades mediante la extorsión, conocida popularmente como “vacunas”, así como mediante cobros ilegales presentados como impuestos de seguridad. Esto afecta a comerciantes, transportadores, empresarios y ciudadanos que terminan soportando una doble carga económica.
El gobierno de Petro en lugar de impulsar la generación de empleo desde el sector productivo ha expandido significativamente el tamaño del Estado mediante un aumento de la contratación pública, con la creación de cientos de miles de nuevos puestos vinculados a la burocracia y al aparato estatal.
A esto se suma la decisión de prepagar parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tenía tasas relativamente bajas, y sustituirla por financiamiento proveniente de inversionistas privados internacionales. Entre ellos destaca PIMCO, un fondo estadounidense que concentra una porción significativa de la deuda pública colombiana. Para muchos analistas, esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera y sobre el grado de dependencia frente a un reducido grupo de acreedores, especialmente cuando los costos de financiamiento han aumentado considerablemente.
Como consecuencia, una proporción cada vez mayor de los ingresos del Estado se destina al servicio de la deuda y al sostenimiento del gasto corriente, reduciendo los recursos disponibles para la inversión pública. Esto se refleja en la ausencia de grandes proyectos de infraestructura, la falta de nuevas vías estratégicas y la desaceleración de programas de vivienda de interés social. Asimismo, una disminución en los subsidios destinados a los sectores más vulnerables y una menor capacidad del Estado para promover proyectos que impulsen el crecimiento económico, el fortalecimiento de la competitividad del país y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
La salud es otro de los grandes desafíos que enfrentará el gobierno de Abelardo. El sistema de salud atraviesa una profunda crisis financiera, la escasez de medicamentos, las demoras en la atención médica y las dificultades económicas de clínicas y hospitales, muchos de los cuales se encuentran al borde del cierre por falta de recursos. Frente a este panorama, Abelardo ha planteado la necesidad de una intervención inmediata para evitar el colapso del sistema. Entre sus propuestas se encuentra la inyección urgente de 10 billones de pesos con el propósito de sanear financieramente el sector, garantizar el suministro de medicamentos, fortalecer la red hospitalaria y recuperar la capacidad de atención a los ciudadanos.
También es importante destacar el sector de los hidrocarburos ya que es uno de los más importantes. Durante los últimos cuatro años, la actividad petrolera y gasífera se ha desacelerado considerablemente. Colombia llegó a producir cerca de 900.000 barriles diarios de petróleo, mientras que en la actualidad la producción se sitúa entre 600.000 y 700.000 barriles por día, representando una reducción significativa. Esta disminución se debe a la falta de nuevos contratos y permisos de exploración de petróleo y gas. Colombia ha pasado de ser un país con autosuficiencia energética en materia de gas a depender cada vez más de las importaciones para atender la demanda interna, una situación que genera preocupación respecto a la seguridad y soberanía energética del país.
Ecopetrol, históricamente una de las principales fuentes de ingresos para el Estado colombiano, ha experimentado una fuerte caída en sus resultados financieros. La empresa pasó de registrar utilidades cercanas a los 30 billones de pesos anuales a niveles muy inferiores, reduciendo de manera importante su capacidad para transferir recursos al gobierno nacional y contribuir al financiamiento del gasto público.
Abelardo va a tener que asumir un gobierno complejo, pero estará rodeado de personas competentes. Una muestra clara de esto ha sido la elección de José Manuel Restrepo, una decisión que transmite compromiso. No puede haber paz sin orden, ni desarrollo sin seguridad, ni civilización sin principios ni educación. El primer deber del Estado es garantizar la autoridad, proteger a los ciudadanos y crear las condiciones necesarias para que el país avance con estabilidad, confianza, y por supuesto la búsqueda de la verdad.
