El prolongado conteo de votos en la primera vuelta electoral, que han sido casi dos meses, ha generado una fuerte incertidumbre en la población. Surgen preguntas inevitables: ¿se trata de falta de personal, negligencia o podría haber algún tipo de manipulación? Este retraso impacta directamente en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas del proceso electoral. 

En un inicio, todo indicaba una clara ventaja de ciertos candidatos, especialmente Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, quienes se encontraban por encima del resto con una diferencia considerable. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, los resultados variaron de forma significativa, reduciendo distancias y posicionando a otros candidatos en una competencia muy ajustada por el segundo lugar. Este tipo de cambios bruscos alimenta sospechas, refuerza la percepción de falta de transparencia y genera un acto intencionado que también vulnera los principios de legalidad.  

Los resultados reflejan, además, una alta fragmentación del voto. Ningún candidato ha logrado superar el 50% de los votos válidos, lo que obliga a una segunda vuelta entre los dos postulantes más votados, esta vez Keiko Fujimori y el comunista Roberto Sánchez, candidato de Pedro Castillo, que sería un riesgo enorme porque se repetiría la historia del 2021 donde estaría el fujimorismo contra el anti-fujimorismo. Si gana Sánchez serían unos cuantos años más de catástrofe porque es una izquierda muy arcaica, muy poco moderna, bastante nociva para el Perú. Este escenario aumenta la tensión política y la incertidumbre sobre el rumbo del país. 

En Perú siempre sorprenden con la política, es un país impredecible. Los partidos políticos han desaparecido, la clase política está total y absolutamente desprestigiada y lo más triste es que los candidatos como el de Juntos por el Perú, carecen de principios ideológicos y muchos están implicados en diversos actos de corrupción. Si este ganara, todo haría pensar que se vienen años de inestabilidad e inmadurez política y de respeto a las instituciones, que es el gran problema del país.  

El problema de fondo parece ir más allá de un proceso electoral puntual. La fragilidad de las instituciones, tanto políticas como administrativas, continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Aunque Perú mantiene indicadores macroeconómicos sólidos y un banco central reconocido a nivel mundial, la inestabilidad política y la falta de credibilidad de las instituciones limitan su progreso. Siguen existiendo las mismas irregularidades de siempre y nadie se responsabiliza. La ONPE, que estaba a cargo de Piero Corvetto, ha demostrado su inoperancia y falta de rigor. Habría que revisar lo que ha hecho el jefe de la ONPE, en la primera vuelta, así como la clausura de colegios precisamente en los que iba a haber más votos de derechas o incluso la alteración física de los votos o de las urnas y la manipulación informática, es decir, el acceso no autorizado a sistemas de conteo, así como la compra de votos. Esto conlleva un riesgo de conflicto tanto político como social. Si un país no puede organizar elecciones eficientes y democráticas, ¿cómo se va a poder legitimar el sistema democrático? 

¿Por qué existen en el mundo países ricos y países pobres? ¿Es un tema de recursos, de geografía, de historia, etc.? A pesar de que en el desarrollo de los países entran muchas variables, no cabe duda de que unas instituciones sólidas son las que distinguen a los países desarrollados de los países en vías de desarrollo.  

Hay una necesidad urgente de un líder que permita aglutinar en un movimiento político gente capaz, trabajadora, que aporten al Perú para sacar adelante a los peruanos que de verdad quieran prosperar. Sin ese líder, que aúne a la gente de bien es imposible provocar un cambio. Lamentablemente, el Perú es el Macondo de la realidad, la fantasía o espejismo político se vuelve realidad en Perú.  

Pensemos entre todos: ¿Qué queremos? ¿Alguien transparente que no viva de la política y tenga vocación al servicio público porque de verdad quiere lo mejor para el país y para sus ciudadanos? ¿Alguien que no tenga miedo a ocultar en lo que de verdad cree? ¿Alguien que demuestre y tenga claros sus principios? O ¿Alguien que mienta y que nos regale el oído? ¿Alguien que esté solo arriba por el poder y por el dinero? ¿Alguien que lleve a la destrucción total un país tan rico en recursos? 

Hasta hace pocas horas confluían dos factores que explicaban la percepción de la victoria de la derecha. Por un lado, las actas observadas pendientes de resolución, muchas de ellas concentradas en zonas urbanas donde el fujimorismo suele tener un mejor desempeño, y por otro, el voto de los peruanos en el extranjero, que históricamente ha mostrado una inclinación más favorable hacia la derecha. A medida que se han ido contabilizando los votos rurales, el escenario ha empezado a depender cada vez más de esos dos componentes finales del escrutinio. Si el proceso electoral se desarrolla con normalidad y transparencia, la tendencia observada podría favorecer a Keiko Fujimori de convertirse en la próxima presidenta del Perú después de cuatro procesos electorales marcados por una fuerte polarización. El triunfo de Fujimori no solo representaría una victoria política personal, sino también el respaldo de una parte importante del país que apuesta por la estabilidad, la institucionalidad y el crecimiento económico. No obstante, los resultados oficiales dependerán de las autoridades electorales y de la resolución de las actas pendientes. 

La elección vuelve a evidenciar una realidad que afecta a gran parte de Iberoamérica, la profunda división entre quienes defienden las instituciones democráticas y la economía de mercado, y quienes promueven proyectos políticos de carácter populista o antisistema. En este contexto, las zonas urbanas han desempeñado un papel decisivo, mientras que el elevado ausentismo en regiones, como Cuzco, donde la izquierda esperaba obtener mayores ventajas limitó su capacidad de movilización electoral. 

Sin embargo, el desafío más importante comienza después de las elecciones. Desde antes de conocerse los resultados definitivos, sectores de izquierda radicales ya han comenzado a difundir mensajes en redes sociales convocando a movilizaciones y protestas bajo el argumento de “defender al pueblo”. Estas reacciones reflejan una preocupante tendencia a cuestionar la legitimidad democrática cuando los resultados no favorecen a determinados grupos políticos de izquierda. 

Keiko Fujimori enfrentará un escenario complejo. No solo va a tener que gobernar un país profundamente dividido, sino también enfrentar una burocracia ineficiente y un aparato estatal que durante décadas ha demostrado enormes limitaciones para resolver los problemas reales de la población. La informalidad supera el 85% en muchas regiones y continúa siendo extremadamente alta incluso en Lima. Esta situación es consecuencia de años de excesiva regulación, debilidad institucional y falta de reformas estructurales. 

A pesar de estas dificultades y como ya he mencionado antes, Perú conserva una fortaleza fundamental, su estabilidad macroeconómica. El manejo responsable de las finanzas públicas ha permitido evitar crisis que han golpeado a otros países de la región. Esa base constituye una oportunidad para impulsar una nueva etapa de crecimiento, inversión y generación de empleo formal, que reduzca las desigualdades estructurales del país.  

La principal amenaza para el Perú no es únicamente la crisis económica, la desigualdad o la inseguridad, sino el creciente desencanto de millones de ciudadanos que sienten que el progreso no ha llegado a sus comunidades. Ese vacío ha sido aprovechado durante años por discursos radicales que ofrecen “soluciones” simples a problemas complejos. Cuando las personas perciben abandono, terminan votando más por rechazo que por convicción.  

Otro factor importante es que en Perú las elecciones suelen ganarse con mensajes simples y directos, no con propuestas técnicas complejas, porque gran parte de la población enfrenta limitaciones educativas derivadas de problemas históricos como la mala calidad de la enseñanza, la falta de acceso a la lectura y al conocimiento. El coeficiente intelectual promedio se estima en 99 en Europa y 98 en Estados Unidos, mientras que en Perú se sitúa alrededor de 92. Según los resultados de PISA, una proporción significativa de la población adulta presenta dificultades para alcanzar niveles avanzados de comprensión lectora. Esto indica, en términos electorales, que los mensajes basados en propuestas concretas y fácilmente identificables como «gas más barato» o «mayor seguridad», pueden resultar más accesibles y persuasivos para muchos votantes que conceptos políticos o económicos más abstractos. Esta situación no se debe a una inferioridad de las personas, sino a deficiencias estructurales del país. Corea del Sur, por ejemplo, mejoró significativamente sus indicadores mediante inversión en educación. Por eso, la educación es tan importante, para que no termine afectando a las decisiones electorales y al desarrollo nacional.  

Una eventual presidencia de Keiko Fujimori debe ir más allá de la administración cotidiana del Estado, porque ningún triunfo electoral resolverá por sí solo problemas acumulados durante décadas. La tarea que viene exige liderazgo, firmeza y una visión reformista capaz de fortalecer las instituciones sin poner en riesgo la estabilidad económica que ha distinguido al Perú frente a gran parte de Iberoamérica. El verdadero reto consiste en demostrar que la democracia, la libertad económica, las instituciones, los principios y la verdad, pueden generar oportunidades reales para todos los sectores. 

Perú se encuentra ante una oportunidad política. En distintos países de Iberoamérica se ve reflejado un fortalecimiento de gobiernos y movimientos que priorizan la seguridad, el combate al crimen organizado, la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional. Aunque cada país enfrenta desafíos particulares, existe la posibilidad de avanzar hacia una agenda regional común basada en intereses compartidos y no únicamente en afinidades ideológicas. La región enfrenta amenazas que superan las capacidades de los Estados actuando de manera aislada. El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la corrupción transnacional y el crimen organizado operan a escala continental. Por eso, creo que la respuesta no puede limitarse a estrategias nacionales fragmentadas. Iberoamérica cuenta con más de 400 millones de habitantes desde México hasta el Cono Sur y posee el potencial para coordinar políticas de seguridad, cooperación judicial, control fronterizo e intercambio de inteligencia. 

Una de las principales preguntas ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori es quiénes conformarán los equipos técnicos y políticos encargados de gestionar el Estado. Durante la última década, especialmente entre 2010 y 2019, el Perú contó con profesionales altamente capacitados que ocuparon posiciones estratégicas en la administración pública. Sin embargo, a partir de los últimos años, muchos de los mejores profesionales comenzaron a alejarse del Estado al percibir un deterioro institucional, una creciente burocratización y una pérdida de meritocracia en la gestión pública. La capacidad de convocar a estos profesionales será clave para recuperar la eficiencia del Estado y reconstruir la confianza en las instituciones. 

Hoy el contexto es distinto, porque el Estado peruano es mucho más grande, más complejo y burocrático. Sin embargo, la lógica política sigue siendo similar porque ningún gobierno puede sostenerse únicamente sobre discursos o reformas técnicas. Keiko necesitará demostrar con resultados concretos que es capaz de mejorar la vida de aquellos sectores que históricamente han desconfiado de ella. Keiko deberá dar ejemplo de honradez y lucha contra la corrupción endémica de gobiernos anteriores. No existen soluciones milagrosas ni transformaciones instantáneas. Como ha señalado José Antonio Kast en distintas ocasiones, los países no cambian de un día para otro, pero sí pueden avanzar gradualmente cuando existe una dirección clara, liderazgo político y capacidad de gestión.