En junio de 2020, en pleno corazón de la Ciudad de México, un comando armado intentó asesinar a Omar García Harfuch. No fue un ataque improvisado. Fue una operación militarizada, con logística profesional y un mensaje inequívoco: el Cártel Jalisco Nueva Generación podía golpear al Estado en su capital política. Harfuch sobrevivió. Y la historia tiene memoria.

Hoy, como secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, su papel no es solamente institucional. Es simbólico. El intento de asesinato no fue un episodio aislado; fue un desafío directo al monopolio de la fuerza del Estado mexicano. Fue la demostración de que una organización criminal estaba dispuesta a escalar contra el poder federal en su propio territorio.

Por eso, cualquier acción reciente contra estructuras vinculadas a Jalisco no puede leerse únicamente como política pública. También es la acumulación de agravios, cuentas pendientes y memoria institucional. Pero reducir lo que está ocurriendo a una vendetta o a un acto de “mano dura” sería un error de análisis.  

Porque México no enfrenta a un solo enemigo. México no tiene un solo crimen organizado. Tiene un sistema criminal. El primer error en cualquier lectura simplista es hablar de “el narco” como si fuera una sola entidad. No lo es. Lo que existe es un sistema fragmentado de organizaciones con intereses distintos, alianzas cambiantes y rivalidades internas profundas. Durante más de tres décadas, grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, organizaciones michoacanas, el propio Cártel Jalisco Nueva Generación, y en su momento Los Zetas, no solo compitieron entre sí; también tuvieron distintos grados de proximidad, tolerancia o ruptura con el poder político.

Durante el régimen del PRI, el equilibrio operaba bajo una lógica de control vertical. No era ausencia de crimen; era administración del crimen. Existía un equilibrio informal que disciplinaba territorios y jerarquías. La transición política rompió esos canales de coordinación. Y cuando el pacto tácito se rompe, las organizaciones no desaparecen: se fragmentan. Y cuando se fragmentan, la violencia escala.

Sinaloa es hoy el ejemplo más evidente. Más de año y medio de inestabilidad no exclusivamente por presión federal, sino por una guerra interna entre facciones del propio Cártel de Sinaloa. Una guerra civil criminal por la sucesión y el control. 

Jalisco, en contraste, ha operado históricamente como la estructura “rebelde”: el antagonista principal de Sinaloa y menos integrado al antiguo equilibrio político tradicional. Por eso lo que estamos viendo no es simplemente una ofensiva del Estado. Es una reconfiguración del equilibrio criminal.

Operación quirúrgica vs. respuesta estructural

El operativo reciente fue, en términos tácticos, una operación quirúrgica. Inteligencia precisa. Células reducidas. Compartimentación extrema para evitar filtraciones. En entornos donde existen “halcones” dentro de corporaciones locales, el sigilo no es opción: es requisito. Desde el punto de vista táctico, llegar al objetivo es éxito.

Pero la dimensión estratégica comienza después. Porque la reacción no fue improvisada. No fue violencia espontánea. Fue coordinación territorial. En cuestión de horas se activaron bloqueos, incendios, interrupciones logísticas en múltiples municipios y estados. Eso no ocurre sin estructura previa. No ocurre sin mando intermedio funcional. No ocurre sin comunicación fluida. No ocurre sin protocolos.Lo que vimos fue arquitectura operativa en tiempo real. En términos comparados, el Estado ejecutó una acción puntual de precisión. La organización activó una respuesta distribuida de teatro amplio. El Estado golpea un punto. La organización activa el sistema. Y eso es lo que obliga a elevar el análisis.

Porque una reacción de ese tipo no solo busca intimidar al gobierno. También envía un mensaje interno y externo: seguimos coordinados, seguimos operativos, seguimos teniendo capacidad nacional. No parece fragmentación. Parece sincronización.

Lo que viene…

Lo que suceda en los próximos días no dependerá únicamente de la contundencia del golpe, sino de cómo el propio sistema criminal procese el reacomodo. Estamos ante una bifurcación estratégica. Y hay tres rutas posibles.

El primer escenario es la fragmentación. Que la estructura que hoy parece coordinada se rompa por dentro a partir de la disputa de sucesión. Cuando una figura central cae o se debilita, el conflicto inmediato rara vez es contra el Estado; es interno. Quién controla las plazas del Bajío. Quién administra las rentas. Quién hereda la disciplina territorial. Si esa competencia se abre, lo que vimos como capacidad nacional podría disiparse rápidamente en luchas regionales. Jalisco y su zona de influencia podrían convertirse en un “Sinaloa 2.0”: violencia prolongada, guerra entre mandos intermedios, pérdida de control jerárquico y multiplicación de focos locales de conflicto. No sería necesariamente una victoria del Estado, sino una implosión del equilibrio criminal.

El segundo escenario es más inquietante. No la guerra de sucesión, sino la cohesión sin cabeza. Que la estructura no dependa de una sola figura. Que los mandos intermedios mantengan disciplina, cadena de mando y protocolos de reacción. Lo que vimos —bloqueos coordinados en distintos municipios y estados en cuestión de horas— podría no haber sido una reacción emocional, sino la activación de una arquitectura operativa nacional. En este escenario, la organización demuestra que puede responder a nivel estatal y municipal de manera sincronizada, elevando los costos políticos y económicos de cada acción federal. Ya no estaríamos frente a un problema regional, sino ante una capacidad de presión nacional sostenida. No sería caos; sería estrategia. No sería desorden; sería estructura funcionando sin necesidad de una cabeza visible.

Y luego está el tercer escenario, el más remoto pero también el más delicado. Sinaloa está dividido. Otros grupos regionales observan el reacomodo. Y el gobierno mexicano anunció abiertamente la participación o cooperación de Estados Unidos en lo ocurrido. Ese elemento cambia el cálculo. Si dentro del sistema criminal se consolida la percepción de que el enemigo ya no es únicamente el gobierno mexicano, sino la cooperación binacional México-Estados Unidos, la amenaza puede leerse como existencial. Y ante amenazas existenciales, incluso rivales históricos pueden reconsiderar sus prioridades. No por afinidad, sino por supervivencia. Una pseudo paz funcional. Treguas tácticas entre facciones tradicionalmente enfrentadas. Coordinación indirecta para evitar que la presión conjunta los desarticule. No sería una alianza ideológica, sino un frente defensivo contra la colaboración México-Estados Unidos. Ese escenario implicaría una respuesta criminal coordinada a escala nacional, no para disputarse plazas entre sí, sino para resistir una amenaza común.

Fragmentación, cohesión estructural o alineación estratégica frente a la cooperación binacional. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de una organización, sino el equilibrio completo del sistema criminal mexicano. Hoy no sabemos cuál de los tres caminos prevalecerá. Lo único evidente es que lo ocurrido demostró estructura.Y cuando hay estructura, hay capacidad de adaptación. En México, cada golpe no elimina el sistema criminal, lo reorganiza. La pregunta no es si el Estado ganó una batalla. La pregunta es qué tipo de equilibrio criminal está naciendo a partir de ella.

Lo que sí sabemos
Hasta ahora hemos hablado de escenarios. Hipótesis. Posibilidades. Reacomodos.Pero hay hechos que no son especulación. Y lo primero que sabemos es que hubo participación directa de Estados Unidos, reconocida públicamente por el propio gobierno mexicano. Ese reconocimiento no es menor.

Durante años, la narrativa oficial del movimiento gobernante fue clara. Andrés Manuel López Obrador sostuvo reiteradamente que no permitiría injerencia extranjera en asuntos de seguridad nacional. Fue explícito al afirmar que México no aceptaría que nadie “viniera a tocar” a los criminales mexicanos sin autorización del Estado. La soberanía era el eje discursivo. México se respeta. México decide.Posteriormente, ya en funciones, Claudia Sheinbaum afirmó que ella no apostaría por una estrategia frontal de confrontación contra los cárteles, bajo el argumento de que “atacar” directamente generaba más violencia. La línea ideológica era consistente: evitar escalamiento, evitar militarización adicional, evitar cualquier narrativa de subordinación frente a Washington.

Ambos fueron categóricos en algo más: no aceptarían participación estadounidense dentro del territorio nacional. Y, sin embargo, ayer el propio gobierno reconoció la participación o cooperación directa de Estados Unidos en la operación. No es un juicio moral. Es un hecho político. Es un rompimiento evidente con la narrativa soberanista que definió el discurso de Morena durante años. No se trata de debatir si la cooperación es buena o mala. Se trata de reconocer que el marco ideológico que se sostuvo públicamente ha sido alterado por la realidad operativa. El discurso decía una cosa. La acción mostró otra. Ese quiebre no es menor porque altera el equilibrio interno del sistema criminal. Si los grupos perciben que la ecuación dejó de ser exclusivamente doméstica y que ahora enfrentan una dimensión binacional más activa, su cálculo cambia. Y eso nos regresa a los escenarios anteriores.

Pero hay un segundo hecho que también sabemos. Durante las horas críticas posteriores al operativo, no hubo conducción política visible al más alto nivel. En gobiernos anteriores, cuando se detenía a un objetivo de alto perfil, el presidente salía públicamente a fijar postura, a enviar un mensaje de control, a proyectar dirección. Ocurrió con Felipe Calderón en su momento. Ocurrió con Enrique Peña Nieto cuando fue capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán. Más allá de las críticas que puedan hacerse a sus administraciones, entendieron que el liderazgo se ejerce en la crisis. Ayer, durante horas, el país no supo dónde estaba su presidenta. Hubo un mitin. Luego silencio. Sin mensaje directo a la nación. Sin posicionamiento inmediato. Sin una figura de mando visible asumiendo la conducción del momento.En una operación de esta magnitud, lo esperable es que el presidente esté en un cuarto de situación, monitoreando decisiones, coordinando respuesta interinstitucional, proyectando dirección estratégica. No en un acto público.

Esto abre preguntas inevitables. ¿Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo?

¿La operación fue plenamente coordinada al más alto nivel político?, ¿Se decidió mantener distancia deliberadamente?, ¿O la conducción real estuvo en otro lado?

En momentos críticos, la ausencia también comunica. Y ayer lo que comunicó el gobierno no fue fuerza discursiva ni control narrativo. Fue vacío. No se trata de especular conspiraciones. Se trata de entender que en seguridad nacional la percepción de mando importa tanto como la operación misma. Porque cuando el Estado golpea y la respuesta es masiva, lo mínimo que la sociedad espera es claridad, liderazgo y dirección.

Lo que sí sabemos es esto: Hubo participación estadounidense reconocida oficialmente, rompiendo años de discurso soberanista. Y hubo un vacío de conducción pública durante las horas más críticas. Lo demás —si fue cálculo político, improvisación, división interna o simple error de manejo de crisis— pertenece al terreno de las interpretaciones. Pero en seguridad, las interpretaciones también tienen consecuencias.