Si se pudiera resumir el mes de octubre en una palabra sería “amnistía”. Sin duda el término es el más repetido en las secciones de política nacional de los telediarios de todo el país. Nos despertamos con ella en la emisión de las ocho de la mañana, se sienta en nuestra mesa a la hora de la comida y nos acompaña a la cama nuestra dosis nocturna de ‘convivencia’ y ‘President’ Puigdemont.

Mientras, en las pantallas aparecen día tras día las conversaciones de líderes del PSOE y SUMAR con los cabezas del independentismo catalán. Se acortan los planos de la cámara para intentar esconder un cuadro retirado por el Parlamento Europeo, y se finge que es una conversación entre iguales y no de un alto cargo del partido del gobierno con un prófugo de la justicia.

Proliferan en las mesas de debate televisivos “intelectuales” y expertos en todo tipo de derecho y justicia con el grado inexistente en la Universidad de Nimeacuerdo que aportan su granito de opinión. Los pseudointelectuales discuten acerca de una cuestión tan grave como reconocer que el Tribunal Supremo erró en su veredicto de sentencia a los condenados del procés catalán, o que los impulsos de romper la unidad nacional no deberían ser penados en pos de buscar una “convivencia”.

Y entonces surgen las comparaciones, que siguiendo al refranero, son odiosas. Y se intentan contrastar contextos y decisiones que nada tienen que ver. A nivel metafórico sería equiparar peras con helicópteros. Entonces, ¿qué hay en común entre la amnistía de 1977 y la de 2023?. Resumimos para los que tengan prisa en terminar este artículo: nada.

El único punto de encuentro entre ambas es que llevan el mismo nombre. Pero no hay más. En 1977 la Ley de Amnistía fue el broche final de los procesos de indulto con firma real para dejar atrás el odio de los bandos guerracivilistas y admitir los errores y delitos de ambas partes para mirar a un futuro conjunto de los españoles tras años de escisión. Incluso se incluyó a los terroristas de ETA de los que el 50% de los amnistiados volvieron a integrarse a los famosos “escuadrones de la muerte” y la generosidad fue retribuida con 246 asesinatos en los siguientes tres años.

Ya en el 77 la amnistía traspasó sus verdaderas competencias y amparó a los militantes etarras encarcelados con delitos de sangre para contentar al nacionalismo. Podemos entonces celebrar que se ha encontrado otro punto en común.

Pero en 2023 el contexto no es el mismo. En plena democracia -en este caso no se puede echar la culpa a Francisco Franco por mucho que se intente- se dio un golpe contra la unidad nacional en un referéndum, -que recordemos fue ilegal – el 1 de octubre de 2017. Se llevó a cabo un proceso contra los líderes en el que el cargo más repetido fue el de malversación de fondos -no olvidemos-. Y si ahora se habla de amnistía no es en busca de una convivencia, sino que Pedro Sánchez está cediendo y modificando a su antojo una Constitución por la que muchos pusieron en peligro su libertad para conseguir un régimen parlamentario. Todo motivado por su anhelo de perpetuarse en el poder.

Ya han hablado los jueces -en su inmensa mayoría en contra- acerca de los verdaderos motivos por los que la amnistía no es viable ni una solución a largo plazo. Se ha podido observar que el nacionalismo siempre que se le da la mano agarra hasta el hombro y así continúa hasta que cumpla con su verdadero objetivo, que es el federalismo. Y recordemos, España no es federal, se hablará de una “nación de naciones”, pero no de una federación y el gobierno es para todos por mucho que se hayan cedido ciertas competencias a las autonomías -que como se ha podido observar continúan pidiendo más y más, sobre todo dinero de todos los españoles, no solo de sus conciudadanos-.

Y es que, señor Sánchez, la Constitución y la unidad de España no pueden ser usadas a su antojo para formar o no un gobierno. Asimismo, tampoco se puede ceder en ciertos aspectos, sobre todo si influyen en algo tan básico como la territorialidad. Si bien el mayor rasgo distintivo de la democracia es el diálogo y la negociación entre fuerzas, no lo es la imposición al resto de españoles de una decisión con la que no se han mostrado conformes. La discordancia se materializó en la madrileña Plaza Colón donde se reunieron más de doscientas mil personas en protesta sobre la mera formulación de que la amnistía se convirtiera en ley.

Pero la realidad es ésa, no es una medida popular, señor Sánchez, es una ley que solo le beneficia a usted y a su conjunto variopinto de socios con los que formar un gobierno multicolor y multiforme deslumbrantemente decepcionante, pero no a la ciudadanía. Y por mucho que diga que es un cambio de opinión, que lo hace en aras de la convivencia, por mucha acusación de fascista al que diga lo contrario o haga comparaciones anacrónicas: No, Pedro, no es lo mismo.